Vidas de mala muerte.
Muertes malhabidas.
Biopolítica y exclusión social.

Este artículo pone de manifiesto las paradojas o los contrasentidos del par estado-sociedad en tiempos de la hegemonía de mercado, cuando de lo que se trata es de los efectos de segregación que, como anunciara Jacques Lacan, siguen a cada intento de constituir alguna forma del universal. Incluir-excluir son, como señala su autora, un par complementario. Por lo tanto cualquier política de inclusión es seguida de una exclusión a la vez que el elemento excluido hace posible el conjunto del cual se excluye.

A partir de estas premisas, las muertes malhabidas (o las vidas de mala muerte) son el efecto no azaroso de las formas contemporáneas de exclusión: la pobreza, la marginalidad social, la diferencia étnica. Con la brújula de la categoría foucaultiana de biopolítica, Diana Arellano plantea a estas formas como resultado de prácticas genocidas que forman parte del programa neoliberal. La sociedad, según el conflicto de que se trate, puede exigir proteccionismo de parte del estado, o puede pedir que responda ejerciendo violencia como un llamado al orden. Estas tensiones velan el hecho de que no es tanto a la sociedad como al mercado a lo que responden las políticas estatales tanto en la asistencia social como en el ejercicio de la violencia como represión. Ahora bien, estos ropajes del amo contemporáneo -que no ocultan su ferocidad- ponen en juego también el hecho de que estas versiones de lo particular pueden ofrecerse como resto-complemento y constituirse así en una figura del perjudicado que puede reclamar su prestador tal como lo plantea Enrique Acuña en Dialéctica del perjudicado y el prestador. (www.aplp.org.ar/e-textos) o bien ofrecerse al sacrificio, otra de las formas de la cultura contemporánea. El psicoanálisis encuentra otra forma del resto, no la escoria sino más bien aquello que la voz griega palea enseña como el resto fecundo. Aquel que atraviesa la experiencia de un análisis puede hacerse un destino a partir del encuentro con el límite del decir, aquello primordialmente excluido y que Sigmund Freud designó como urverdrangung, la represión originaria que funda el inconsciente como tal. ¿Cómo instituir un discurso que no promueva nuevas, o viejas, formas de exclusión? La lectura de este texto es un inicio de respuesta si permite interpelar no tanto las acciones que se ejercen como formas de violencia sino más bien al discurso que las promueve.

Christian Gómez

Resumen

Los dialogismos que tensan la relación Estado-sociedad hacen posible que el primero pueda ser al mismo tiempo protector/proactor/defensor o, agresor/represor/ejecutor; operar mecanismos de inclusión/exclusión y; administrar justicia o, ejercer violencia hasta extremos insospechados sobre los ciudadanos que, en muchas ocasiones, demandan a su vez, el cumplimiento de ambas funciones en apariencia contradictorias.

En esta comunicación propongo desarrollar un análisis de los procesos de administración de la vida y la muerte de los ciudadanos por parte de los Estados-nación, como desenlace de un largo proceso que puede ser detectado de manera preventiva mediante la implementación de políticas que desarticulen las operaciones previas de muerte social por exclusión, clasificación y estigmatización de personas y grupos.

En efecto, analizaremos los mecanismos de construcción de la otredad que preceden la violencia, a partir del concepto foucaultiano de Biopolítica, que refiere a las tensiones en las que los cuerpos son constitutivos y constituyentes de una red de vinculaciones políticas, atravesadas por líneas de demarcación que separan ‘lo Mismo’ de ‘lo Otro’ y ponen en juego la vida y la muerte en el dominio de los cálculos del poder. Los outsiders, los excluidos, los invisibles, tanto como los rebeldes, los subversivos, los criminales, los terroristas reciben tratamientos disciplinantes y exterminantes que varían en sus formas pero no en su estructura. Bajo sistema democrático, resulta imperante atravesar los límites entre la muerte por violencia de Estado –ejecutada por los actores armados estatales y para estatales (ejército y paramilitares)- y las demás formas sociales de violencia (exclusión, pobreza, desplazamiento forzado) en razón de que, como apuntamos, aunque en apariencia diferentes, las relaciones entre una y otra son en muchos casos imperceptibles y se refuerzan mutuamente, toda vez que la administración de las subalternidades constituye la razón de ser de los aparatos ideológicos y represivos de los Estados.

De exclusiones y muertes

Pensar los sentidos políticos de la muerte lleva necesariamente a pensar la relación entre individuo y sociedad, específicamente en el nudo que ata ese vínculo largamente estudiado por las ciencias sociales y que acaba en la explicación intergenética de la creación dialógica de ambos términos en un mismo proceso: los individuos humanos nacen, viven y mueren necesariamente en el seno de una sociedad a la que, a su vez, contribuirán a producir a partir de sus acciones y simbolizaciones. Explicamos de este modo el sentido de la llegada y permanencia pero no la partida, el sentido de la vida pero no el de la muerte violenta de los individuos o, más específicamente, el sentido que la muerte violenta de unos individuos, tiene para la sociedad. Es decir, cual es el orden social que altera, transforma o modifica la muerte violenta de alguno(s) de su(s) miembros.

Pensar la(s) muerte(s), no es una tarea genérica sino multifacética y dinámica ya que, los sentidos se constituyen en un cronotopos siempre en movimiento.

Quitarle el carácter procesual natural del orden de lo biológico y adjudicar a la muerte el carácter de violencia con responsabilidades políticas explícitas o aparentes incorpora un aditamento particular a la reflexión y desencadena nuevas preguntas acerca del vínculo entre la muerte de un(os) individuo(s) y su entorno social, económico, político, cultural; acerca del efecto/sentido y beneficio/perjuicio que la muerte de un(os) individuo(s) tiene en la trama social toda.

Si consideramos las formas de responsabilidad de Estado en la(s) muerte(s) violentas(s) de los ciudadanos tenemos en primera instancia, al menos dos grandes grupos de responsabilidades: por omisión o por acción, con diferentes niveles de involucramiento que pueden ir desde la responsabilidad intelectual a la responsabilidad material a través de alguno(s) de sus organismos.

En el primer grupo pueden incluirse a todas las muertes producidas por las diferentes formas de exclusión de personas o grupos. Motivo de interrupción de la vida generalizado en el contexto global actual que, ha confinado a la pobreza a mil millones de personas de los siete mil millones de seres humanos actuales: en efecto, una de cada siete personas no tiene acceso a los bienes indispensables para su subsistencia.

La muerte se presenta en estos sectores, mediatizada por la aparición más tarde o más temprano de enfermedades evitables, producto de la falta de inversión en infraestructura pública, principalmente redes de agua potable y tratamiento de desechos sólidos y líquidos; por ausencia del Estado en la administración del acceso al mercado de bienes indispensables como alimentos, medicamentos y abrigo y; falencias/ausencias de políticas públicas de salud, educación, seguridad, entre las que la seguridad vial es una de las más importantes causas de muerte en la actualidad. Este tipo de muertes ocurren disimuladas tras un velo de culpabilización de la propia víctima y su entorno. El Estado se autoexcluye de las responsabilidades que le competen en la gran mayoría de los casos individuales, parapetado tras un mar de estadísticas de morbi-mortalidad desencadenadas en apariencia por factores naturales y culturales, aún cuando la epidemiología crítica sostiene que son razones políticas las que producen el contexto en que las personas mueren por causas evitables.

La exclusión social de personas y grupos se perpetúa porque la pobreza produce y reproduce inter-generacionalmente las brechas sociales de desigualdad. Las formas de tránsito en el ciclo vital marcan las trayectorias, enquistando la desigualdad y la pobreza en el paso de una etapa a otra de la vida de las personas (CEPAL, 2010).

El Estado es responsable porque es el único órgano con potestad de redistribución de la riqueza generada por los países a través de distintos mecanismos que van desde la prestación de bienes y servicios públicos hasta las transferencias monetarias sobre el PBI.

El Protocolo de los Objetivos del Milenio para una Agenda Global de Lucha Contra la Pobreza y, la recuperación de una agenda social mínima –que firmaron numerosos países de América Latina- trajo una mayor presencia de los Estados de la región en cuanto a su responsabilidad en la redistribución de la riqueza entre las poblaciones excluidas, particularmente de las mujeres y los niños. En efecto, se instalaron los programas de ayuda a la pobreza más exitosos de los últimos cincuenta años: once millones de familias en el Programa “Bolsa Familia” de Brasil; cinco millones de familias en el Programa “Oportunidades” de México; un millón seiscientas mil familias en el programa “Asignación Universal por Hijo” de Argentina; ciento veinticinco mil familias en el Programa “Chile Solidario” de Chile; cuatrocientas veinte mil familias en el Programa “Juntos” de Perú, reciben de los Estados ayudas económicas por valor equivalente aproximado de 43, 55, 94, 38 y 50 dólares, respectivamente (Agis et al, 2011).

Esta agenda mínima clasifica a los ciudadanos entre, aquellos que en términos de García Canclini (1999) serán considerados consumidores porque tienen la capacidad de cubrir sus necesidades a través de su participación en el mercado de trabajo y de consumo de, los excluidos de dicho mercado, que se avienen a transformarse en sujetos de derecho a través de su inclusión en políticas sociales más o menos focalizadas. Este proceso implica una auto-adscripción como excluido, toda vez que estas políticas no tienen alcance universal sino que, sus miembros deben demandar al Estado dichas prestaciones a través de procedimientos administrativos no siempre sencillos, que comportan además el acceso a unas redes sociales locales que mediatizan el acceso.

Uno de los problemas que se suscita es que los Estados no pueden cubrir a cabalidad la creciente masa de excluidos del mercado y, aunque lo hicieran, sólo pueden atender las denominadas Necesidades Básicas Insatisfechas, en un contexto en el que el mercado incita al consumo de todo tipo de bienes y servicios a través de los medios masivos de comunicación, creando – especialmente entre los jóvenes- nuevas necesidades socialmente construidas, como los equipamientos informáticos y comunicacionales, las prendas de vestir y calzados de moda que, complejizan la exclusión social mucho más allá de lo estrictamente necesario para el sostenimiento de la vida biológica ya que su acceso posibilita o restringe la pertenencia a grupos estratificados de consumo.

La cobertura social de los Estados se inscribe en un contexto global tecnologizado en el que, en términos de Castel (2010), el mercado de trabajo se acota a tareas cada vez más especializadas que demandan pocos trabajadores altamente especializados, en un mundo en el que proliferan millones de trabajadores disponibles con baja o nula calificación laboral que; a pesar de su mayoría numérica, aún tienen enormes dificultades para conformarse como actores políticos capaces de impulsar un cambio de régimen económico y social que los incluya. Al respecto, Oleas Montalvo (2011) sostiene que, en América Latina, el Estado democrático de derecho sigue siendo un ideal a alcanzar, pues reinan en la región democracias de baja calidad que contienen ciudadanías de baja intensidad asociadas a una pobreza y desigualdad extendidas en las que los Estados-nación sólo pueden ofrecer distribuciones paliativas de la riqueza que alcanzan a una pequeña porción de la población.

El principal problema se plantea cuando los grupos excluidos demandan medios de producción, particularmente tierras destinadas globalmente en la actualidad a la producción extensiva de monocultivos industriales de exportación que, dejan a grandes dotaciones de campesinos e indígenas sin tierras para su reproducción material y cultural. Este grupo en particular interpela al Estado en el punto justo en el que lo obliga a exponer su real función superestructural de invisibilización de las contradicciones estructurales, en defensa de la propiedad privada de unos pocos y la alienación de los medios de producción de las mayorías. Por ello, los Estados implementan contra esta población, políticas disuasivo-represivas de niveles diversos de conflictividad y violencia en cada coyuntura. La estrecha relación entre violencia y pobreza se hace más notoria en períodos democráticos pues los gobiernos actúan represivamente bajo Estado de Derecho, violando las garantías constitucionales al implementar un segundo tipo de violencia(s) mediante el ejercicio efectivo del uso de la fuerza contra los excluidos. Cuando la(s) muerte(s) violenta(s) se producen, provocan una ruptura del contrato social de protección del bien supremo de la vida del que participa la sociedad toda, y el Estado es garante. Se ponen en contradicción varios aspectos de la existencia misma de los Estados en tanto instituciones sociales porque hay una sociedad incluida que reclama al mismo tiempo, igualdad de derechos y seguridad en un contexto de profundas desigualdades.

Biopolítica y construcción social de la Otredad:
de lo(s) otro(s) a lo(s) prescindible(s)

La teoría antropológica ha construido un acervo teórico relevante acerca de la construcción de la otredad[i] que, en las últimas décadas, abreva en el concepto foucaultiano de Biopolítica, para referirse a las tensiones en las que los cuerpos son constitutivos y constituyentes de una red de vinculaciones políticas atravesadas por líneas de demarcación que separan ‘lo Mismo’ de ‘lo Otro’ hasta el límite en que, la vida de los ‘otros’ entra en el dominio de los cálculos del poder subyacentes en las estrategias políticas (Foucault, 2003:173).

Aunque en términos cuantitativos se puede considerar a la franja etaria de los jóvenes como la principal víctima global de la violencia directa, precisamente porque son los que cuestionan y reclaman la intervención del Estado en el orden material establecido, es innegable el corte de clase que protege mayoritariamente a los sectores medios y altos al mismo tiempo que, violenta principalmente a los jóvenes de los sectores populares. En las grandes ciudades mediante las razias a los barrios marginales, el acecho y la provocación en la vía pública, el ‘gatillo fácil’ y el colapso de los sistemas carcelarios. En el sector rural, mediante el aislamiento, detenciones irregulares y terror extendido en las comunidades campesinas e indígenas y, el asesinato selectivo de sus líderes en lucha por el derecho a la tierra o contra el modelo de producción y el uso de agroquímicos (Arellano, 2011).

En efecto, las fuerzas represivas de los Estados y los actores económicos representados fundamentalmente en el empresariado nacional y trasnacional, llevan toda una historia de atropellos sobre campesinos e indígenas, en una tenaz campaña de estigmatización, aislamiento y violencia sobre quienes reclaman el derecho a la tierra inscripto en la Constitución Nacional de la mayoría de los países de América Latina y, repetido en las plataformas electoralistas de los distintos sectores políticos que prometen, en reiteradas oportunidades, desde redistribución de tierras hasta Reforma Agraria. Las “negociaciones” que se llevan adelante entre estos actores tan desiguales en términos de poder, se encuentran teñidas de violencia, atropellos a los bienes materiales, suspensión de las garantías constitucionales para determinadas zonas, amenaza a las libertades individuales ambulatorias y de expresión, criminalización y judicialización de la protesta social y, en su forma extrema, recurre a la “supresión de la vida” de los líderes campesinos e indígenas bajo diversas estrategias de ejecución y ocultamiento.

Desde esta perspectiva, el control de la sociedad sobre los individuos no se efectúa solamente por la conciencia o por la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista, el cuerpo es una realidad bio-política (Foucault, 2003) que debe ser disciplinada a expensas de su libertad y en función de las tensiones, fricciones y avances de los juegos de poder de los sectores dominantes de la sociedad.

El emergente observable para los analistas se conforma a partir de las múltiples formas –contextuales, metodológicas, autorales y discursivo-explicativas (mediáticas y judiciales) de supresión de la vida mediante asesinatos. El término mismo de asesino, que proviene de la voz árabe hassasin[ii], originalmente “adicto al hashis o cáñamo de India” refiere a la interrupción de la vida de una(s) persona(s) por causa de otra, contra la voluntad de la víctima y por métodos más o menos violentos. Jurídicamente, el asesinato se denomina homicidio y constituye el más grave de los delitos contemplado en todos los sistemas normativos de la región.

Cuando se comprueba la responsabilidad del Estado, los asesinatos son considerados por el Derecho Internacional –ratificado por la mayoría de los países- como delitos de lesa humanidad, por lo cual sus responsables materiales e intelectuales reciben condenas ejemplares y las causas no prescriben. Este agravante se debe a que el Estado quiebra el orden institucional violentando a los ciudadanos a quienes debe proteger y, viola el bien jurídico de mayor jerarquía que el propio Estado debe tutelar.

A escala global, el análisis cuantitativo de los Hechos Violatorios a los Derechos Humanos de los informes de las 27 Comisiones de Verdad[iii] que produjeron informes finales, documenta la muerte violenta de 6.544.013 personas en episodios de masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos en 27 países, en un período de seis décadas entre 1940 (Corea del Sur) y 2008 (Ecuador). La magnitud de los asesinatos de ciudadanos por parte de los gobiernos fuera de los contextos de guerra regular es enorme. El cálculo se realiza a partir de los datos relevados a través de la toma de testimonios a víctimas sobrevivientes, familiares y allegados, cruzados, comparados y depurados mediante la metodología de contrastación de fuentes múltiples. Por ello, se estima que existe un considerable sub-registro, especialmente en aquellos casos en los que el período estudiado abarca muchos años, se han eliminado y ocultado las pruebas o, en los que la investigación se realiza con impedimentos políticos y/o financieros que obstaculizan la reconstrucción de casos con víctimas fatales, quedando invisibilizadas una enorme cantidad de muertes. Aún así, la cifra global es significativa.

El segundo Hecho de Violación a los Derechos Humanos de importante representatividad cuantitativa, perpetrado por los gobiernos como forma de control de la disidencia interna o, como producto emergente de la violencia armada del Estado contra sus ciudadanos, son las diferentes formas de desplazamiento de población que producen muchas muertes poco registradas y analizadas. En efecto, las 27 Comisiones de la Verdad han documentado la Deslocalización Forzada de 14.712.893 personas, bajo las formas de Desplazados Internos (5.900.075); Refugiados según ACNUR (3.472.000) y Exiliados Forzados y Forzosos (5.340.818). La mayoría de los asesinatos se producen en contextos de gobiernos autoritarios y guerras civiles entre grupos étnicos, generalmente fomentadas por los propios Estados.

HVDDHH SEGÚN REGÍMENES DE GOBIERNO
Monarquías	2
Dictaduras	16
Dictaduras y Democracias	2
Democracia	1
Aparheid	1
Guerra Regular	1
Guerra Civil entre Opositores Políticos	5
Guerra Civil entre Grupos Étnicos	12
Procesos de descolonización	4
Ocupación Militar de USA	1
TOTAL CV	45

Fuente: Elaboración propia a partir de datos contrastados de Amnesty International (2007 y 2010), USIP (2009); ICTJ (2009), http://www.desaparecidos.org (2010), Martins Rodríguez (2004), http://www.massviolence.org, http://www.desaparecidos.org, http://www.alertanet.org e Informes Finales de 11 Comisiones de Verdad (Arellano, 2011).

 

Las Comisiones de Verdad dan cuenta además en todos los casos analizados, de la existencia de una compleja trama de responsabilidades institucionales en la perpetración de los Hechos Violatorios a los Derechos Humanos que tienen a los gobiernos y las fuerzas armadas entre los principales protagonistas en todos los países, sólo en tercer lugar las Policías y en mucha menor proporción los distintos grupos armados civiles.

ORGANISMOS RESPONSABLES DE HVDDHH
Gobierno	31
Fuerzas Armadas	27
Policía	19
Paramilitares	11
Civiles	12
Grupos Armados	13
Países Extranjeros	7
Autoridades Judiciales	6
Iglesias	1
Partidos Políticos	4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos contrastados de Amnesty International (2007 y 2010), USIP (2009); ICTJ (2009), http://www.desaparecidos.org (2010), Martins Rodríguez (2004), http://www.massviolence.org, http://www.desaparecidos.org, http://www.alertanet.org e Informes Finales de 11 Comisiones de Verdad (Arellano, 2011).

 

A pesar de la masividad de los crímenes cometidos en muchos países sólo tres Comisiones de Verdad, las de Guatemala, Burundi y Canadá concluyeron que hubo genocidio[iv], contra el pueblo maya, tutsi e inuit, respectivamente.

Cuando una Comisión de Verdad establece esta denominación resulta de gran trascendencia pública y tiene importantes implicancias políticas ya que se trata de una determinación jurídica internacional cuyo uso abusivo se evita para no vaciar de sentido los términos.

De la indiferencia social a la violencia abierta en el centro de la escena

Reflexionar acerca de las violencias contemporáneas de Estado nos remite al análisis de la construcción del “otro” que ha de ser exterminado. Proceso complejo, distorsivo, que enuncia discursivamente unas razones (políticas, ideológicas, religiosas) y esconde las motivaciones reales de la estigmatización, casi siempre ligadas a la posesión/acceso a los recursos materiales (recursos naturales, puestos de trabajo o propiedades inmuebles entre las cuales la tierra rural es siempre la más importante).

Históricamente podemos distinguir etapas diversas de construcción de la ‘otredad exterminable’ que implican diferencias tanto discursivas como metodológicas en el tratamiento biopolítico de los cuerpos:

Desde la expiación pública dolorosa de la Santa Inquisición, a las formas secularizadas de la Modernidad en la que el Estado monopoliza el uso de la fuerza y le otorga un carácter institucionalizado y hasta higienista al proceso biopolítico de tratamiento de los cuerpos “otros” (Goffman, 1992; Foucault, 2003).

Desde las dictaduras en América Latina que implementaron básicamente dos formas de represión política a la disidencia, instruidas por la Escuela de las Américas unas (mediante terror generalizado y explícito, aunque no público) y, por la Escuela Francesa y su experiencia en Argelia otras (terror generalizado no público y negación mediante desaparición); a la guerra global contra el terrorismo en la actualidad, que abandona la metodología francesa de ocultamiento de las víctimas y adopta el anonimato del sicariato[v], en un salto cualitativo en la operación de negación de la responsabilidad por los crímenes que logra, entre otras cuestiones, permitir a los familiares el rito funerario reduciendo considerablemente los reclamos inter-generacionales que produjo la metodología de desaparición de personas, mientras perfora el límite entre el crimen de Estado y el delito común, criminalizando además a la propia víctima y/o su familia, sembrando sospechas sobre los móviles del asesinato (ajuste de cuentas pendientes, narcotráfico, infidelidades, robo de ganado, etc.) creando una situación vergonzante para los deudos que sufren un aislamiento social preventivo por parte de la comunidad, mediante la reproducción del rumor descalificante (Fasano, 2006).

Es decir, el Estado no cesa en su función de violencia sino que, se transforma en cada coyuntura, en parte, en función de la relación de poder que sostiene con la ciudadanía organizada que crea esta tensión equilibrante entre el poder de un Estado que no debe desbocarse y el poder ciudadano que controla esa violencia.

Aunque el genocidio, felizmente, no es recurrente, sí lo son las atrocidades masivas en distinto grado y extensión. Para prevenirlas, la Organización de Naciones Unidas (2008) sostiene que es de crucial importancia entender las causas fundamentales, tanto simbólicas como materiales que crean alteridades reales o percibidas, zanjables sólo mediante la muerte del “otro” porque, la acción final de exterminio propiamente dicha es sólo una etapa del proceso que desencadena la construcción de un “otro exterminable”. Proceso paulatino, creciente, complejo y diverso que acude a términos y simbologías externas e incluso revisiones y versiones de la Historia con el objetivo de reforzar la otredad e indeseabilidad del otro que, tras un proceso de des-humanización, se concibe como “grupo exterminable”.

Como sostiene Silvia Perazzo (2011) “al exterminio se llega premeditadamente a través de un proceso minuciosamente preparado que tiene características que son fácilmente identificables…Si son identificables y se van preparando a lo largo del tiempo, e inclusive a lo largo de años, esto nos da la posibilidad de intervenir y de evitarlos” (Perazzo, 2011:62).

Analíticamente, el proceso de construcción del “otro exterminable” tiene etapas y acciones concretas que, aunque se presentan de manera compleja (no lineal) y muchas veces superpuestas, resultan relativamente sencillas de identificar en cada momento de la escalada de violencia, si estamos dispuestos y preparados para la prevención.

Gregory Stanton (1998) creó una estructura analítica con el propósito de orientar las acciones de prevención de la violencia. Esta metodología nos permite reconocer el hecho y actuar adecuadamente para detener lo antes posible las acciones que se desencadenan en cada una de ellas.

La clasificación simbólica y totalitaria de las personas, por parte del grupo con intensiones genocidas que, procede a través de todos los medios a su alcance (chismes, discursos y propaganda) a dividir a la sociedad y adjudicar a las personas a dos bandos enfrentados: “nosotros” (el bando genocida) y “ellos” (el bando exterminable). De tal suerte, que los ciudadanos son alineados u obligados a alinearse en uno u otro bando mediante gestos, expresiones y acciones que expongan públicamente su pertenencia. Quienes así no lo hicieren, serán a su vez estigmatizados como indecisos, traidores, cobardes, etc. y adjudicados ex profeso al “grupo exterminable”. Clasificar no está mal en sí mismo, es una actividad cognitiva superior binaria o compleja. La actividad de clasificar no genera por sí misma “otros exterminables”. Cuando el proceso de construcción de otredad exterminable es realizado por un Estado, el orden existencial se trastoca porque se espera de dicha institución que proteja y promueva a sus ciudadanos, no que los violente quebrando el orden cultural y legal.

En forma paralela, y como parte constitutiva del proceso clasificatorio, el bando con intensiones genocidas construye simbólicamente la confrontación y estigmatiza al “grupo exterminable” con toda clase de descalificaciones aberrantes que están cargadas de una “acusación espejo”; es decir, culpan al “grupo exterminable” de pretender desarrollar las mismas prácticas genocidas que ellos están planificando. De esta manera se demoniza al “otro” sosteniendo que intentará violar, torturar, masacrar. El mecanismo desata el proceso de desconocimiento/enfrentamiento entre ciudadanos que hasta entonces vivían de manera más o menos armónica y sujetos a la ley. El miedo por lo que el “otro” pueda hacer desata acciones sucesivas de “violencia preventiva” que intenta justificar los primeros asesinatos como “autodefensa”.

En el mismo proceso se procede simbólicamente a la deshumanización del “grupo exterminable” mediante relatos maliciosos que circulan por medios formales e informales en los que, se los acusa de acciones aberrantes orientadas a crear la máxima descalificación del antagonista: la des-humanización del “otro” que justifique su exterminio como un acto de valentía, autodefensa y exaltación de un supuesto “deber” genocida para terminar con una situación de violencia que, falazmente, el “grupo genocida” adjudica al “grupo exterminable”. La violencia se ejerce sobre un cuerpo des-individualizado y deshumanizado para reducirlo mediante el dolor, con la expectativa de doblegar su voluntad renunciando a sí mismo y a toda idea propia. Pero, en ese cuerpo opera también, la posibilidad de encontrar un sentido al sufrimiento a partir de apoyarse en elementos del orden de lo afectivo, familiar y comunitario que le permiten rearmarse como persona tras el quiebre y hasta reafirmarse en sus ideales y principios.

La pregunta entonces es ¿cómo se traslada esta construcción del otro exterminable al cuerpo social como un todo? Existen dos técnicas de extensión que responden al orden de lo pragmático:

1. Por políticas de comunicación de la otredad exterminable mediante la exhibición o insinuación de la muerte. Insinuación que, como sostiene Fasano (2006) corre bajo la forma de rumor y tiene su proceso complementario en la imposibilidad de la prueba que hecha un manto de duda sobre los hechos y, al mismo tiempo, permite a la sociedad auto protegerse en la inocencia: no tener pruebas es no saber y por lo tanto, justifica la pasividad, el olvido y la in-acción en términos de Hannah Arendt (citada en Vezzetti, 2002);

2. Por Políticas de Ausencia, mediante el desplazamiento de los cuerpos violentados a través de los desplazamientos forzados y los exilios o; mediante la desaparición de los cuerpos y la negación de las muertes.

En contextos de paz, la mayor parte del tiempo recogemos indicios de acciones clasificatorias y estigmatizantes que, no necesariamente, desencadenarán atrocidades masivas pero que es necesario identificar porque en estas etapas la prevención tiene muchas posibilidades de éxito. Dichas acciones pueden presentarse bajo formas diversas y combinadas de: creación de relatos formales, informales, institucionales, mediáticos y locales que crean grupos antagónicos; radicalización de los discursos discriminatorios, escalada de violencia discursiva dirigida a un grupo objeto; nominación local, epítetos, apodos deshumanizantes y descalificación pública para referirse al grupo antagónico; discursos amenazantes y adjudicación de hechos aberrantes al grupo antagónico; exaltación de la violencia, incitación a la venganza y a la justicia por mano propia; discursos y prácticas totalitarias que exhortan a alinearse con uno u otro grupo; refriegas entre bandos, asesinatos y crímenes, aislados pero recurrentes, adjudicados inexorablemente a uno u otro grupo pero siempre sin esclarecer que justifiquen la intervención estatal.

En todas las etapas opera sistemáticamente el mecanismo de negación por parte de todos los estamentos estatales. Sólo las organizaciones de la sociedad civil, muchas veces las propias víctimas y generalmente con el apoyo de los organismos internacionales ejercen una vigilancia y denuncia de la escalada de violencia. Existen diversas estrategias negacionistas que se ponen en marcha.

Cuando el exterminio se ha consumado, el ocultamiento de cadáveres mediante fosas comunes y enterramientos clandestinos o incineraciones, lo que denominamos desaparición forzada en general, intenta aplazar al menos el acceso a la prueba del delito, acompañado de la eliminación de testigos, del terror que silencia y la destrucción u ocultamiento de documentación probatoria.

Otras estrategias más complejas son: la responsabilización por los hechos a determinados grupos de civiles radicalizados, la justificación de las matanzas bajo un contexto de guerra que morigere las responsabilidades de los mandos institucionales, la acusación a pequeños grupos dentro de las fuerzas armadas del Estado, la invención de motivos étnicos, culturales, religiosos que justifiquen la causa de la violencia y las circunstancias que obligaron a la comisión del crimen o, el traslado de la disputa pública al terreno estadístico, minimizando ante la opinión pública las cantidad de víctimas.

Ternon (2011) identifica cuatro procedimientos discursivos negacionistas:

1. La racionalización, que intenta imponer un análisis de la realidad que reclama a las víctimas y a la comunidad internacional pruebas inexistentes y construye una “verdad”, una ficción verosímil que intenta explicar el crimen;

2. La reducción de la cantidad de víctimas mediante la manipulación estadística discursiva, minimizando el hecho mediante la comparación con hechos de mayor gravedad que lo banalizan;

3. La inversión de la acusación que intenta culpabilizar a las propias víctimas invirtiendo los roles o acusándolas de haber iniciado la violencia ante lo cual fue “necesaria” la respuesta violenta. Esta estrategia construye un contexto de violencia generalizada en el que los responsables sólo están dispuestos a admitir algunos “excesos”, y;

4. La anamorfosis, que es la construcción e imposición de una realidad deformada: en la que nada de lo que pueda objetarse al grupo genocida es verdad: “no fue un exterminio, fue un guerra”, “los victimarios son las reales víctimas”; “las víctimas comenzaron la agresión y los victimarios sólo intentaron detenerlas”; “las víctimas se mataron entre ellos por cuestiones que a los victimarios les son ajenas y no pudieron detenerlos”, etc.

El negacionismo es un crimen que, en muchos casos, pueden cometer otros grupos diferentes que no participaron en el exterminio y que se empeñan en negarlo por diferentes razones como: lealtades institucionales, favores políticos, mantenimiento del statu quo. Constituye una ofensa a la memoria de las víctimas y agrede a los sobrevivientes afectando el lazo social hasta varias generaciones posteriores. Tiene como efecto la desmemoria, la imposibilidad de la reparación moral y material de las víctimas, la ausencia de un castigo ejemplar a los victimarios, el ocultamiento de pruebas a la Justicia y, mantiene latente en su seno, la amenaza de repetición que conlleva la impunidad.No es desde la negación que podemos plantear la prevención sino, desde el reconocimiento de los graves episodios históricos y actuales.

Todas las medidas de prevención se asientan en la base de una educación ciudadana para la paz y la protección de los derechos individuales que tiene en la información y la capacitación los ejes permanentes de trabajo. La prevención requiere de un análisis pormenorizado tanto del contexto histórico como de la sociedad actual en todas las facetas (económica, cultural, política, religiosa, etc.) que se utilizan en la construcción del antagonismo radicalizado en su seno, desarrollando acciones precisas y contundentes para desarticular y cortar la espiral ascendente de la violencia.

Reflexiones Finales

El fin de los regímenes dictatoriales y el inicio de los procesos de transición a la democracia en la región ponen en evidencia la continuidad de la Biopolítica, independientemente del régimen gubernamental que la sustente, en parte, debido a la fuerte presencia territorial de los intereses geopolíticos de Estados Unidos a través de sus programas político económicos para la región que –con base en el Plan Colombia- combinan intervencionismo político, judicial, económico y militar, bajo las engañosas formas de “ayuda humanitaria” y “lucha antiterrorista” contra la presencia de supuestos grupos armados de orientación marxistas o, de control de tráficos ilegales varios. Desde la sanción de la Ley de Terrorismo en todos nuestros países, se ha modificado la forma de participación social, generando en muchos aspectos una notable reducción de las posiciones disidentes o cuestionadoras del orden social que encuentra su límite en la criminalización de la protesta.

Los activistas se oponen y reclaman hasta el límite en que puedan ser sindicados como terroristas. La violencia de Estado no sucede solamente bajo regímenes autoritarios. Sólo cambian las formas, se despartidizan y criminalizan las denominaciones.

En definitiva, lo que cambia es el orden cultural, instalando la voluntad y la razón del poder, naturalizando la biopolítica, ante una sociedad temerosa o indiferente que tiene reminiscencias por el orden del progreso perdido: banalidad del mal (Arendt, 1995) y miedo a la libertad (Frömm, 2005) que permea los faccionalismos de partidos que empobrecen nuestras democracias; conformación de un “nosotros” excluyente, que garantiza impunidad y complicidad, un clima destituyente permanente y una ferviente adhesión a los poderosos.

La metodología biopolítica actual traslada de la periferia social al centro de la escena a los grupos construidos como “otros exterminables” mediante el uso extendido del sicariato.

Con ejecuciones sumarias en el proceso de captura y sicariato selectivo de los líderes que van surgiendo, no desaparece el cuerpo sino el ejecutor. La violencia es negada. Las víctimas son presentadas en lugares anómalos, en connivencia con muchos medios masivos de comunicación que transmiten imágenes de labriegos que nunca serán mostrados trabajando y de indígenas amenazantes, semidesnudos y con arcos, ataviados para la guerra, aunque dicha presentación sólo cumplan en la actualidad, funciones celebratorias y rituales. Del otro lado de la pantalla, hay una sociedad que desayuna con estas imágenes sin posibilidad de reaccionar.

Concluimos con Cárdenas Rivera (2003) que, bajo sistema democrático o de transición a la democracia, resulta imperante aunque infructuoso, dilucidar los límites entre la violencia política –vinculada con determinadas acciones de los actores armados organizados (guerrilla, ejército y paramilitares)- y las demás formas sociales de violencia en razón de que, las relaciones entre una y otra son en muchos casos imperceptibles y se refuerzan mutuamente, por ello el diagnóstico resulta más complejo en el momento de dilucidar los móviles y las circunstancias de la mayoría de las muertes violentas (Cárdenas Rivera, 2003).

La alerta temprana permanente en la prevención de la clasificación estigmatizante se mueve con el motor poderoso de la indignación ante las muertes políticas –mientras la sociedad todavía pueda indignarse- por eso, la indiferencia es el camino directo a la perpetuidad del exterminio.

Notas:

Bibliografía: